El presidente Luis Abinader se limitó a plantear que aguardará la pesquisa abierta por la muerte de Miguel Antonio Lucas, alias Miguelito, después de su arresto en San Cristóbal. La reacción llega en medio de denuncias de sus familiares, quienes atribuyen el deceso a agresiones que, según ellos, habría sufrido mientras estaba en manos de agentes policiales. El comentario del mandatario fue breve y se produjo en una actividad de entrega de equipos militares.
Diario Libre reportó que Lucas tenía 43 años y que sus parientes aseguran que pasó cinco días detenido sin que se les permitiera verlo. Esa familia sostiene que nunca pudo conocer directamente cuál era su estado de salud durante el arresto, y luego señaló hematomas y otras marcas visibles en el cadáver.
El abogado y familiar Carlos Rodríguez presentó como elemento de apoyo un certificado médico emitido antes de que el detenido fuera llevado a la dotación policial central de San Cristóbal. Según esa constancia, Lucas fue examinado sin señales de lesiones por agresión. La fecha del examen fue el 8 de julio de 2026; el lugar, el Hospital Regional Juan Pablo Pina. Rodríguez explicó que era un requisito previo antes de mover a una persona arrestada hacia una sede policial.
Rodríguez preguntó públicamente qué pasó entre esa evaluación y el 13 de julio, cuando Miguelito salió del cuartel y llegó a un área de emergencias. De acuerdo con el relato atribuido al abogado, murió alrededor de tres horas después de ingresar al centro de salud.
El letrado anunció que acudirá a la Procuraduría General de la República para solicitar una investigación sobre el fallecimiento. En el expediente familiar también se menciona que el arresto estaba relacionado con un supuesto verifone usado para vender números de lotería.
La Policía Nacional todavía no había difundido una explicación completa del caso. Su vocero, Diego Pesqueira, indicó que esperan la autopsia para precisar la causa de muerte y dijo que el levantamiento oficial disponible hasta ahora no evidencia maltrato físico. Familiares y comunitarios ya habían protestado el 16 de julio frente al destacamento con el ataúd del fallecido.
Con información de Diario Libre.
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