En la noche del lunes, el Poder Ejecutivo formalizó las enmiendas introducidas al Código Penal dominicano a través del decreto presidencial número 507-26, fechado el 27 de julio, y ordenó la constitución de un órgano colegiado de monitoreo y divulgación que se encargará de examinar potenciales perfeccionamientos ulteriores de la legislación. Con la firma del mandatario llega a su término el plazo de un año de vacatio legis que se había concedido a la Ley 74-25, período que expira el venidero 3 de agosto, fecha a partir de la cual la norma revisada cobrará plena vigencia.
El grupo de seguimiento será encabezado por quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y lo integrarán los juristas Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra. Completarán la comisión los directores de medios Persio Maldonado y Aníbal de Castro. Todos los designados cumplirán su labor de manera honorífica, sin percibir remuneración.
Según el comunicado difundido por la Presidencia, la rúbrica del decreto entrega al país una pieza penal robustecida por el acuerdo democrático y un examen técnico e institucional de los artículos modificados. El texto oficial añade que la medida reitera la voluntad del Gobierno de actualizar el entramado jurídico, apuntalar la salvaguarda de las garantías esenciales, afianzar el respeto al debido procedimiento y edificar organismos más fuertes y diáfanos.
La versión reformada del Código Penal incorpora figuras delictivas novedosas que responden a los retos propios de la sociedad contemporánea, adaptando el ordenamiento dominicano a las exigencias actuales y a las transformaciones que han traído consigo la tecnología y las nuevas formas de interacción social. Entre los cambios más relevantes figura la tipificación de conductas que carecían de sanción penal en el régimen anterior.
La promulgación se concretó después de que el Congreso Nacional diera luz verde a las modificaciones la semana anterior, tras un trámite legislativo expeditivo en ambas cámaras y en un contexto de reclamos provenientes de distintos colectivos que urgían ajustes al texto. Durante la misma jornada del lunes, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el Consejo de Unidad Evangélica (Codue) exhortaron a la Presidencia a estampar su firma sobre las reformas antes de que venciera el período de vacancia legal.
Con información de Diario Libre, AlMomento, El Nuevo Diario y Remolacha.
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