Código Penal modificado queda en manos del Poder Ejecutivo

La reforma de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, completó su recorrido congresual la noche del miércoles, luego de que el Senado la declarara de urgencia y la sancionara en dos lecturas. La cámara alta acogió las 32 enmiendas que venían de los diputados. La votación cerró con 25 respaldos y tres rechazos, sin apoyo de los senadores de Fuerza del Pueblo.

Con esa decisión, el texto quedó pendiente de la revisión del Poder Ejecutivo, que podrá promulgarlo u observarlo. Las enmiendas abarcan áreas penales diversas: responsabilidad de empresas, conductas de hostigamiento, violencia doméstica e intrafamiliar, exhibicionismo sexual, acoso agravado, difusión no autorizada de contenido íntimo, delitos contra menores, malversación de recursos públicos, difamación, perjurio, proxenetismo y ultraje en el ámbito jurisdiccional, entre otras materias.

Durante el debate, Omar Fernández pidió ampliar el plazo antes de la entrada en vigencia del código y reconoció avances en la norma. El senador expresó: «Estamos conociendo el muy debatido Código Penal y la verdad es que pocas leyes han sido tan discutidas como esta. Eso es positivo porque, si lo vemos desde otra perspectiva, toda ley que trate sobre libertades fundamentales requiere un gran escrutinio». Sus propuestas sobre hostigamiento cibernético y otros puntos fueron desestimadas por la mayoría.

Antonio Taveras también sometió observaciones que no obtuvieron los votos necesarios. Antes de la aprobación definitiva, legisladores de Fuerza del Pueblo presentaron iniciativas de cambio que corrieron la misma suerte. Entre quienes respaldaron la pieza figuraron Ramón Rogelio Genao, así como Ginnette Bournigal. También intervino Venerado Castillo; Franklin Romero hizo lo propio; Antonio Marte y Moisés Ayala añadieron argumentos a favor de actualizar el marco penal.

Fernández recordó que el Congreso aprobó el código un año atrás y sostuvo que era una legislación susceptible de mejoras. Señaló que, tras la promulgación, se abrió una vacatio legis que, a su entender, debía ayudar a tribunales y jueces a prepararse para aplicar el nuevo régimen. El expediente legislativo queda ahora bajo examen del presidente Luis Abinader.

Con información de Diario Libre, El Día, AlMomento y N Digital.