La historia está llena de paradojas. En ocasiones, quienes se presentan como defensores de una causa terminan siendo sus principales detractores, mientras que otros, sin proponérselo ni siquiera conocer a profundidad los conflictos internos de determinados sectores, terminan convirtiéndose en factores de rescate y preservación de instituciones y actividades de enorme importancia social.
En la República Dominicana, el sistema de gestión colectiva del derecho de autor ha estado marcado durante años por controversias, cuestionamientos y denuncias provenientes de sectores que entienden que algunas de sus dirigencias se apartaron de los principios de transparencia, equidad y solidaridad que deben caracterizar a las entidades creadas para proteger a los autores, compositores, artistas y demás titulares de derechos.
Muchos creadores observaron con preocupación cómo determinadas figuras vinculadas al espectáculo y a la administración de entidades de gestión colectiva fueron acumulando poder institucional mientras crecían los reclamos sobre prácticas consideradas injustas por parte de sectores importantes de la comunidad artística.
Las críticas apuntaban a decisiones administrativas cuestionables, falta de apertura democrática y una distancia cada vez mayor entre quienes dirigían las instituciones y quienes debían ser beneficiarios de sus servicios.
En ese escenario apareció un factor inesperado: la sensibilidad social del presidente Luis Abinader. Su vocación de apoyo a los sectores productivos, culturales y sociales del país abrió espacios para que diversas organizaciones presentaran solicitudes de respaldo gubernamental orientadas a enfrentar dificultades económicas y operativas.
Sin embargo, según sostienen numerosos observadores del sector autoral, algunos dirigentes aprovecharon esa disposición solidaria del mandatario para obtener apoyos y facilidades que, más que responder a una verdadera estrategia de fortalecimiento institucional, perseguían objetivos que nunca fueron expuestos con absoluta transparencia ante el jefe del Estado.
La buena fe presidencial fue interpretada por muchos como una oportunidad para preservar estructuras que enfrentaban fuertes cuestionamientos internos. Lo que probablemente fue concebido por el Gobierno como un gesto de respaldo al arte, la cultura y los creadores dominicanos, terminó siendo utilizado por determinados sectores para ocultar errores administrativos, diferir reformas necesarias y evitar rendiciones de cuentas que reclamaban numerosos miembros de esas mismas organizaciones.
Paradójicamente, el resultado final podría interpretarse desde otra perspectiva. Al brindar apoyo a instituciones vinculadas al derecho de autor, el presidente Abinader terminó contribuyendo a la estabilidad de un sistema que, pese a sus deficiencias y conflictos internos, sigue siendo fundamental para la protección de miles de creadores dominicanos.
Es decir, aunque algunos actores pudieran haber actuado motivados por intereses particulares, el efecto indirecto de esas decisiones gubernamentales fue impedir un deterioro mayor de las estructuras encargadas de administrar derechos patrimoniales de autores, compositores y artistas.
Por eso puede afirmarse que el presidente Luis Abinader se convirtió, quizás sin proponérselo, en un rescatista del arte de manera inconsciente. No porque conociera cada detalle de las controversias existentes, ni porque interviniera para favorecer grupos específicos, sino porque su espíritu de solidaridad terminó sosteniendo mecanismos institucionales cuya desaparición o debilitamiento habría afectado directamente a miles de creadores.
La lección que deja esta experiencia es sencilla pero profunda: la solidaridad gubernamental debe ir siempre acompañada de mecanismos rigurosos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Ayudar a las instituciones culturales es una obligación de todo Estado comprometido con el desarrollo nacional, pero también lo es garantizar que esos recursos y respaldos lleguen realmente a quienes constituyen la razón de ser de dichas instituciones: los creadores.
El arte dominicano merece apoyo, protección y respeto. Pero también merece instituciones transparentes, democráticas y comprometidas con los principios que justificaron su creación. Solo así la solidaridad dejará de ser utilizada como escudo para ocultar deficiencias y se convertirá en una verdadera herramienta para fortalecer la cultura nacional.
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Fuente original: AlMomento