La muerte de Miguel Antonio Valenzuela, de 44 años, fue llevada por sus parientes ante la Procuraduría General de la República, donde solicitaron que la pesquisa no quede limitada a San Cristóbal. El reclamo se relaciona con una detención hecha el 8 de julio de 2026 y con señalamientos familiares de posibles maltratos mientras estaba en poder de agentes policiales.
Diario Libre reseñó que la Policía Nacional lo arrestó al alegar que realizaba rifas ilegales con un verifone. Luego fue llevado al destacamento de la Compañía 17, en San Cristóbal, y permaneció allí varios días hasta que el 13 de julio compareció en el Palacio de Justicia local, donde obtuvo la libertad.
La familia relató que lo visitó el 10 de julio. El 13 volvió a saber de él porque había sido trasladado al tribunal. Frente al Ministerio Público, el grupo se concentró bajo una presencia policial amplia mientras organizaba el depósito formal de la denuncia. La vigilancia no frenó el trámite que los parientes buscaban formalizar ante las autoridades.
N Digital informó que los denunciantes reclamaron que la PGR tome el caso, que se evalúe lo hecho por Ramona Santana Uceta, fiscal, y por José Luis Lorenzo, agente policial, y que haya respuesta en un plazo de 24 horas; de lo contrario, advirtieron sobre protestas indefinidas en San Cristóbal.
Ricardo Maldonado, padre del fallecido, dijo que su hijo le habló de golpes sufridos durante la detención. El abogado Carlos Sánchez sostuvo que se habrían lesionado derechos fundamentales de Valenzuela y objetó que siguiera detenido más allá del tiempo permitido antes de ser presentado judicialmente.
Los parientes también pidieron peritajes, diligencias forenses y acceso al expediente para aclarar el deceso. Wellington de los Santos Lucas, primo de Valenzuela, expresó temor a que pruebas sean manipuladas y dijo que la familia no confía en la pesquisa conocida hasta ahora.
Con información de Diario Libre y N Digital.
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