En el debate legislativo sobre el Código Penal, Félix Bautista defendió este miércoles que las infracciones ligadas a libertad de expresión y acceso a la información sean castigadas con sanciones económicas, no con cárcel. El senador de San Juan presentó el planteamiento durante una sesión del Senado.
Para sostener su posición, el legislador citó experiencias regionales. Señaló que Argentina y Panamá aplican respuestas económicas, que Perú combina ese tipo de sanción con servicios sociales y que Nicaragua también carece de prisión para esos supuestos, según la exposición reseñada por los medios.
Bautista incorporó a su argumento referencias a declaraciones recientes de la embajadora estadounidense Leah Campos sobre el valor democrático de la expresión libre. También recordó que la Constitución dominicana reconoce distintas libertades en varios artículos, entre ellos los relativos a seguridad personal, reunión, asociación, empresa, intimidad, honor, expresión e información.
El senador hizo énfasis en el artículo 49 de la Constitución, que protege la posibilidad de expresar ideas, buscar datos, recibirlos y difundirlos sin censura previa. Desde esa lectura, sostuvo que las críticas, investigaciones, denuncias y publicaciones en medios o redes forman parte de la fiscalización pública y del combate a la corrupción.
N Digital agregó que Bautista vinculó esas garantías con el control ciudadano sobre el gobierno, la denuncia de actos corruptos, la fiscalización de funcionarios y la formación de opinión pública. Ese enfoque fue presentado como parte de su defensa de un régimen sancionador no carcelario para asuntos de expresión.
Durante la intervención, Bautista valoró la creación de una comisión bicameral para revisar propuestas de modificación a la Ley 74-25. Además, citó al jurista Cristóbal Rodríguez, quien ha planteado preservar seguridad jurídica, legalidad de las penas, libertad de expresión, derecho a la información y bicameralidad. El legislador agregó que el análisis debe incluir figuras como difamación, injuria y ultraje a funcionarios, junto con responsabilidad penal empresarial, ejercicio médico, violencia de género y aborto.
Con información de El Nuevo Diario, El Día y N Digital.
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