Participación Ciudadana defendió que el nuevo Código Penal empiece a aplicarse cuando concluya la vacatio legis, aun con fallas que, a su juicio, deben corregirse. La entidad se opuso a prolongar el plazo previo a la aplicación y advirtió que hacerlo abriría un precedente institucional inconveniente. Para PC, el debate sobre esas enmiendas no debe convertirse en una nueva pausa general.
La organización considera posible corregir la ley antes o después de su inicio formal, ya sea por una reforma del Congreso Nacional o por fallos del Tribunal Constitucional. AlMomento indicó que la vigencia está pautada para agosto de este año, y Diario Libre recordó que Luis Abinader promulgó la norma el 3 de agosto de 2025 con un año de espera.
Entre los ajustes reclamados por PC están reconocer las tres causales como eximentes en casos de aborto y sacar del ámbito penal la difamación, la injuria y el ultraje. La entidad relacionó ese planteamiento con garantías para el periodismo, el acceso ciudadano a información y la libre expresión.
Al mismo tiempo, la organización aceptó que el texto penal trae avances. Los reportes citan la incorporación de unos 70 tipos penales, entre ellos feminicidio, ciberdelitos, delitos financieros, corrupción, sicariato, autosecuestro, genocidio, crímenes de lesa humanidad y obstrucción de la justicia.
PC también resaltó reglas dirigidas a perseguir la corrupción administrativa, incluidos tráfico de influencias, conflictos de intereses y pagos irregulares en contratos públicos. Además, señaló que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo prepara un anteproyecto para enmendar puntos cuestionados, iniciativa que espera ver sometida al Congreso con rapidez.
Diario Libre explicó que la vacatio legis es el lapso que sigue a la publicación de una ley y antecede a su aplicación obligatoria. Esa pausa sirve para que ciudadanía, instituciones y autoridades conozcan la nueva norma y organicen su cumplimiento.
Con información de Diario Libre y AlMomento.
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