La Pepca anunció que llevará a apelación la decisión que impone al Ministerio Público desembolsar una suma superior a RD$7.5 millones en favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado en el expediente de presunta corrupción relacionado con el Intrant, Hugo Beras y Jochi Gómez.
El órgano anticorrupción afirmó en un comunicado que el fallo dictado por Patricia Alejandra Padilla Rosario, magistrada de instrucción del Distrito Nacional, está «plagada de graves vicios procesales». También sostuvo que la jueza ya no manejaba el expediente desde el 24 de octubre de 2025, cuando quedó radicado en el Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que luego envió el caso a juicio.
Jonathan Pérez y Miguel Collado, fiscales adscritos a la Pepca, cuestionan que la sanción se aplicara como liquidación de un astreinte, mecanismo económico usado para presionar el cumplimiento de una orden judicial. Según la resolución previa, en junio de 2025 debían devolverse bienes incautados a Álvarez Carbuccia; casi todos fueron entregados, salvo un Samsung S3 de 2012 valorado alrededor de RD$3,200.
El Ministerio Público alegó que el aparato estaba en el Inacif para extraer información útil a la acusación y que después se perdió durante una mudanza apresurada desde el edificio de la vieja Corte hacia un almacén de evidencias. Los fiscales ofrecieron cubrir el precio del teléfono, pero la jueza entendió que no probaron una imposibilidad real de entrega.
Para la Pepca, el monto fijado resulta «exorbitante» y convierte la figura jurídica en una indemnización. Pérez dijo que recibieron la notificación el jueves y que cuentan con 20 días para depositar el recurso. La acusación también alega que el tribunal penal que ve el proceso no es una jurisdicción administrativa para resolver el reclamo por el dispositivo. El juicio de fondo está pautado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el 11 de agosto.
Con información de Diario Libre.
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