La política fiscal de un país refleja sus prioridades económicas y sociales. No se trata únicamente de cuánto dinero recauda el Estado, sino de cómo obtiene esos recursos y en qué los transforma para generar bienestar, crecimiento y oportunidades.
El Gobierno dominicano ha presentado al Congreso Nacional un plan de ajuste fiscal orientado a enfrentar un escenario internacional marcado por una desaceleración económica global, mayores tensiones comerciales y condiciones financieras más exigentes. Pero hay que saber, que la verdadera causa de los ajustes fiscales, son el alto endeudamiento del gobierno.
La propuesta de ajuste fiscal contempla: aumento de impuesto del 27% al 30% a grandes empresas; impuestos al cigarrillo electronico y al vape; aumento a los boletos aereos; eliminar el pago de anticipo a las microempresas; indexacion salarial (exento hasta $39,900.00 pesos); eliminar el 1% sobre los activos; depreciacion acelerada a empresas, mantener fijo los precios de los combustibles y disminuir el impuesto a las donaciones. entre otros. No habla de la reduccion del gasto corriente.
La propuesta busca generar ingresos adicionales estimados entre RD$40,000 y RD$50,000 millones mediante una combinación de medidas tributarias, reducción de distorsiones, combate a la evasión y apoyo a sectores productivos.Sin embargo, el debate fundamental no debe limitarse a cuánto recaudará el Estado, sino a responder una pregunta esencial: ¿estos nuevos ingresos estarán destinados a transformar la economía dominicana mediante mayor inversión pública y productividad, o simplemente servirán para sostener un crecimiento del gasto corriente?
República Dominicana ha construido durante las últimas décadas una importante estabilidad macroeconómica, con crecimiento económico, control de inflación y acceso a mercados internacionales. No obstante, mantiene un desafío estructural: una presión tributaria relativamente baja frente a otros países de América Latina y una capacidad limitada para convertir ingresos públicos en servicios e infraestructura de calidad.
Los datos fiscales recientes muestran ingresos públicos equivalentes a alrededor de 15.6% del PIB, un déficit fiscal cercano al 3.45% del PIB y una deuda del sector público no financiero cercana al 47.9% del PIB.Comparado con varios países latinoamericanos, el problema dominicano no necesariamente es tener una deuda elevada, sino contar con un Estado que recauda menos recursos en proporción a su economía y enfrenta crecientes demandas sociales.
América Latina tiene precisamente ese desafío: mejorar la capacidad recaudatoria y elevar la eficiencia del gasto público para financiar desarrollo sostenible.Desde esa perspectiva, el plan fiscal contiene elementos positivos. Evitar un aumento generalizado de impuestos al consumo, como el ITBIS, resulta razonable en un momento donde los hogares dominicanos todavía enfrentan presión por los altos precios de los alimentos y servicios básicos.
También es favorable la eliminación o reducción de cargas que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas relacionadas con anticipos tributarios que pueden afectar su liquidez. Una economía crece cuando sus empresas tienen capacidad para invertir, contratar y producir.
Otro aspecto importante es el combate a la evasión fiscal y la informalidad. Un sistema tributario más justo no depende solamente de cobrar más a quienes ya cumplen, sino de lograr que más actores económicos participen dentro de la formalidad.No obstante, existen riesgos que deben ser analizados.
El aumento temporal del impuesto sobre la renta empresarial para grandes contribuyentes, llevando la tasa de 27% a 30%, puede generar preocupación sobre competitividad e inversión privada. Aunque la medida puede tener una justificación fiscal, sería recomendable establecer claramente su carácter temporal y evaluar una aplicación gradual.Una alternativa podría ser una transición progresiva: mantener la tasa actual durante el primer año, aumentarla gradualmente en los siguientes períodos y vincular cualquier incremento a metas concretas de reducción del déficit y mejora del gasto público.
El punto central del ajuste fiscal debe ser la calidad del gasto.Un país no resuelve sus problemas financieros únicamente recaudando más. También debe revisar cómo utiliza los recursos disponibles.República Dominicana necesita avanzar hacia una estructura donde cada peso público genere mayor impacto económico y social.
El gasto corriente —nómina, funcionamiento administrativo, transferencias y subsidios— debe ser evaluado con criterios de eficiencia, mientras la inversión de capital debe recibir mayor prioridad porque genera productividad futura.La inversión en infraestructura, agua, energía, transporte, tecnología, educación técnica y apoyo al sector productivo no representa solamente un gasto: es una herramienta para aumentar la competitividad nacional.Por esta razón, cualquier reforma fiscal debería acompañarse de una verdadera regla de disciplina del gasto corriente.
El crecimiento del gasto operativo del Estado no debería superar permanentemente la combinación entre inflación y crecimiento económico.También es necesario implementar evaluaciones periódicas del gasto público. Cada institución debería responder preguntas básicas: ¿cuál es el resultado de los recursos asignados?, ¿cuántos empleos genera?, ¿qué impacto tiene en la población?, ¿qué beneficio económico produce?
El contexto internacional explica parte de la presión actual. La economía mundial enfrenta menor crecimiento, cambios en las cadenas de suministro, mayores costos financieros y una incertidumbre comercial creciente. Pero estos factores externos no deben utilizarse como única explicación; la sostenibilidad fiscal también depende de decisiones internas relacionadas con eficiencia, transparencia y prioridades nacionales.
Mi valoración es que el plan tiene elementos positivos porque busca evitar un ajuste basado exclusivamente en impuestos al consumo y plantea mejorar la estructura tributaria. Sin embargo, su éxito dependerá de una condición fundamental: que el esfuerzo de la sociedad se traduzca en mejores servicios públicos, mayor inversión y crecimiento económico.
El verdadero desafío no es solamente obtener RD$50,000 millones adicionales. El desafío es demostrar que esos recursos pueden convertirse en más productividad, más empleo, mejores oportunidades y una economía dominicana más competitiva y equitativa.
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Fuente original: AlMomento