El tribunal de alzada del Distrito Nacional, a través de su Tercera Sala de la Cámara Penal, confirmó que Aurelio Valdez Alcántara continúe en prisión como medida cautelar. Se trata del representante del Ministerio Público a quien la Procuraduría imputa haber requerido dinero a un ciudadano que estaba bajo pesquisa. La fiscalía solicitó que se mantuviera el encarcelamiento del procesado, argumentando que no ha ocurrido ninguna modificación en los supuestos que justificaron la imposición de la medida original. Quien preside la Instrucción Especial, la magistrada Nancy María Joaquín Guzmán, denegó la petición de cambio y calendarizó la siguiente evaluación del caso para el día 3 de septiembre, conforme impone la ley.
De acuerdo con el legajo de la acusación, Valdez Alcántara le demandó al individuo sujeto a indagatoria un primer desembolso de doscientos mil dólares estadounidenses, cifra que luego rebajó a ciento cincuenta mil. Adicionalmente al efectivo, el fiscal manifestó apetencia por una pieza de la firma Rolex y reclamó un automóvil de la casa Mercedes Benz. El órgano acusador registró en el expediente que el encartado se embolsó diez mil dólares en metálico durante un operativo de entrega vigilada montado por los investigadores del caso.
La representación del Ministerio Público en la vista recayó en la figura del procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza la Dirección General de Persecución, secundado por los litigantes Andrés Mena y Eduardo Velázquez. La parte contraria había impetrado tanto la anulación de las actuaciones como la modificación del régimen restrictivo, aduciendo alteraciones en las circunstancias que motivaron la prisión original. No obstante, la juzgadora entendió que lo expuesto por la defensa no alcanzaba para sustentar una variación de la cautelar.
Los cargos que pesan sobre Valdez Alcántara incluyen la transgresión de múltiples disposiciones contenidas en el Código Penal de la República y en la normativa 155-17, referente al combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La magistrada Ysis Muñiz, titular del Juzgado de la Instrucción Especial, fue quien en mayo pasado dictó el encierro por tres meses en el recinto penitenciario Najayo Hombres, provincia San Cristóbal, después de rechazar los planteamientos de nulidad esgrimidos por los abogados del encausado, quienes llegaron a reclamar que se extinguiera por completo la acción penal.
La atención que ha concitado este proceso en el foro judicial criollo obedece a que el implicado pertenece al propio ente que tiene el deber constitucional de combatir la delincuencia. Desde la Dirección General de Persecución se ha insistido en que tales conductas no reflejan la línea de la entidad, y en que se empleará toda la fuerza del ordenamiento jurídico frente a cualquier servidor que incurra en hechos de corrupción.
Con información de El Día.
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