El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional modificó este miércoles la medida que pesaba sobre el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave de la acusación en el caso Coral: dejó sin efecto el arresto domiciliario y lo sustituyó por la obligación de presentarse periódicamente y la prohibición de salir del país sin permiso judicial. La resolución la dictó la presidenta del tribunal, la magistrada Giselle Méndez.
Méndez aclaró que la sentencia aún no adquiere firmeza, pese a que el militar ya extinguió los cinco años de pena que recibió en junio, porque falta que se lea de manera íntegra. Hasta que no transcurra el término legal para apelar, el fallo no pasa a ser cosa irrevocablemente juzgada; la lectura completa del documento quedó fijada para el 23 de agosto.
La defensa de Girón, quien pactó con el Ministerio Público y no planea apelar, fue la que pidió el cambio de medida. La gestión corrió por cuenta del defensor público Rubén Martínez y no fue objetada ni por la fiscalía ni por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP). Por el Ministerio Público actuó el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, y por el ERPP, José Alberto Ortiz.
Su declaración resultó determinante en el expediente de corrupción que en junio terminó con penas de 20, 15 y 10 años para oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas y la Policía. Entre los condenados está Adán Núñez de Aza, quien dirigía el Cuerpo de Seguridad Presidencial: recibió 20 años de cárcel. Los generales Juan Carlos Torres Robiou (extitular del Cestur) y Julio Camilo de los Santos Viola fueron sentenciados a 20 y 15 años, respectivamente.
En tanto, el coronel Rafael Núñez de Aza, de la Policía Nacional, fue condenado a 20 años, y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, señalada como presunta testaferra de Cáceres, recibió 15 años de cárcel. Tras abandonar la audiencia, el mayor no respondió a las interrogantes de la prensa.
Con información de Diario Libre y Remolacha.
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