La Ley 36-26 ya quedó promulgada por el presidente Luis Abinader y cambia la forma en que las empresas aportan a la gestión de residuos sólidos. El nuevo marco comenzó a aplicarse sin período de espera, con ajustes para negocios pequeños y una carga mayor para compañías de alta facturación.
En el primer nivel, los negocios que no pasan de RD$5 millones al año en ingresos deberán aportar RD$5,000. Antes, la referencia baja era RD$3,000 para compañías con facturación máxima de RD$1 millón. Para el segmento de cinco a diez millones de pesos, el pago continúa en RD$6,000, de acuerdo con AlMomento.
Para las sociedades que facturan por encima de RD$100 millones, el cambio reemplaza el cargo único de RD$675,000. En su lugar, la norma crea varios niveles con un piso de RD$400,000 y un techo de RD$2.2 millones, según el volumen declarado.
Otra disposición alcanza a empresas que cierren sin beneficios: el aporte se calcula sobre lo vendido o ingresado en bruto, no sobre la utilidad neta. Ese punto explica parte del rechazo empresarial, porque obliga a pagar aunque la operación no haya dejado ganancias.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Cámara Americana de Comercio y la Asociación de Hoteles y Turismo objetaron el trámite seguido. Los gremios pidieron una discusión más amplia y con base técnica, además de advertir que la medida puede afectar competitividad, clima de inversión, costos de operación y precios al consumidor.
La iniciativa fue sometida por el senador Antonio Marte y pasó por el Congreso con procedimiento de urgencia antes de ser convertida en ley. Su entrada en vigor deja a las empresas ante la revisión inmediata de ingresos brutos y del tramo que les corresponde.
El debate de fondo sigue abierto: cómo financiar la gestión de residuos sólidos sin colocar presión desproporcionada sobre unidades productivas de distinto tamaño, desde negocios pequeños hasta grupos nacionales.
Con información de AlMomento.
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