La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) informó este domingo que desarrolló una jornada de inspección en Azua y Peravia, donde sus equipos encontraron instalaciones eléctricas fuera de norma. La entidad reportó actas levantadas y el retiro de conexiones directas y clandestinas en los lugares intervenidos.
El operativo fue descrito como parte de la estrategia penal contra el fraude eléctrico en la región Sur. De acuerdo con el comunicado reseñado por El Nuevo Diario, las brigadas recorrieron sectores de ambas provincias, documentaron las anomalías detectadas y procedieron a desconectar los enlaces irregulares. Las autoridades describieron las irregularidades como múltiples, aunque no desglosaron sectores ni tipos de anomalías en la nota divulgada.
Eusevio Corcino Alcántara dirigió la jornada desde la PGASE-Sur, acompañado por Ángel Augusto Arias Méndez. La institución identificó a ambos como procuradores generales de corte y explicó que la intervención procura que la energía sea servida dentro del marco legal.
José Aníbal Carela, quien encabeza la PGASE de manera interina, pidió a ciudadanos y dueños de negocios abstenerse de hacer conexiones ilegales. También advirtió que el Ministerio Público especializado continuará sometiendo penalmente a quienes sean vinculados con esas prácticas.
La institución sostuvo que este tipo de intervención busca proteger la estabilidad del sistema eléctrico nacional y resguardar a los usuarios que pagan la electricidad que consumen. En la información divulgada no se precisó cuántas actas fueron emitidas ni se reportaron arrestos durante la jornada. Según la versión institucional, la meta es ordenar el uso de la red, evitar pérdidas y resguardar a los clientes que cumplen sus pagos.
El comunicado presentó la operación como una respuesta a prácticas que alteran la distribución de energía y generan pérdidas al servicio. Las autoridades afirmaron que las verificaciones continuarán cuando se detecten puntos con posibles instalaciones al margen de la normativa.
Carela también vinculó la continuidad de las acciones con la necesidad de impedir que conductas ilícitas afecten el sistema energético nacional. La PGASE reiteró que la persecución penal seguirá como eje de su respuesta institucional.
Con información de El Nuevo Diario.
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