El Tribunal Constitucional declaró inadmisible una acción de inconstitucionalidad que buscaba forzar la actualización por inflación del umbral salarial del Impuesto sobre la Renta. La decisión fue aprobada el 16 de julio de 2026 y deja sin examen de fondo el reclamo contra una disposición del presupuesto de 2025.
La demanda se había depositado en enero de 2025 y atacaba una disposición de la Ley 80-24, norma que fijó el Presupuesto General del Estado de ese año. Los demandantes alegaban que mantener congelado el monto exento hacía que más asalariados quedaran alcanzados por el impuesto.
La sentencia TC/0557/26 concluyó que la norma cuestionada ya no producía efectos, porque el presupuesto de 2025 había sido sustituido por el de 2026. Con ese razonamiento, la alta corte entendió que el proceso carecía de objeto y no correspondía pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo impugnado.
La votación dejó criterios separados. Alba Luisa Beard Marcos se opuso porque entendía que el tribunal debía analizar el fondo, al ser una discusión de interés público repetida en presupuestos anuales. Amaury A. Reyes Torres salvó su voto y sugirió revisar el precedente aplicado.
El efecto práctico toca a los trabajadores formales: actualmente pagan ISR quienes reciben ingresos mensuales por encima de RD$34,685, umbral que ha permanecido fijo durante varios años pese a la inflación. Diario Libre reportó que una acción similar contra la suspensión de la indexación en el presupuesto de 2026 sigue pendiente y fue presentada por senadores y diputados de oposición.
La decisión marca así un precedente inmediato para el debate fiscal y laboral. En lugar de resolver si el congelamiento vulnera la Constitución, el TC cerró el caso por la vigencia temporal de la ley atacada, un punto que también fue observado en los votos separados citados por las fuentes.
Con información de AlMomento y Diario Libre.
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